La dolencia del mantenimieno de playas en Q Roo.
Lunes 27 de Febrero de 2012 hrs.
Un poco antes de terminar su gestión como secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, anunciaba que el proyecto de recuperación y mantenimiento de las playas de Quintana Roo, se encontraba con un avance del 75% y que si se había detenido, era porque el gobierno municipal de Benito Juárez, encabezado en ese entonces por Gregorio Sánchez Martínez, no había aportado los 230 millones de peso al fideicomiso que se instituyó y en el que además de Sectur participaban originalmente, el gobierno de Quintana Roo y los municipios de Cozumel, Playa del Carmen y Benito Juárez.

Todos conocen el final. Tras una reunión entre Elizondo, y el entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González, Gregorio Sánchez se comprometió a firmar el crédito con Banobras y Banorte y con ello reanudar los trabajos de recuperación ante el beneplácito de los hoteleros.

Ya consolidado el tema de Solidaridad –en donde no se encontraron nunca escollos-, y Cancún, Cozumel se descalificaba de manera definitiva del proyecto de recuperación de playas de Quintana Roo, luego de una reunión con el alcalde de la isla, el ahora Secretario de Turismo del estado, Juan Carlos González, quien admitió que la isla no lo necesitaba, que había mucha presión de los ambientalistas y no había recursos para ello.

A la salida tanto de Elizondo como de Félix González, el famoso proyecto de los arenales quedó sin solidificarse realmente. Si bien es cierto que se colocaron 4 millones de pies cúbicos de arena del total de 5.2 millones, también es cierto que gran parte de este trabajo se vino abajo.

Por lo pronto, se habla hoy en día de nivelar 4 kilómetros de escarpes mayores en los arenales, a lo largo de los 11 kilómetros de las costas de la zona turística de Cancún. En Playa del Carmen se rehabilitarían al menos, un kilómetro, luego de 10 meses de haber efectuado el último. Es decir, en menos de un año.

Tomando en cuenta además que, para la creación del Fideicomiso de Recuperación de playas se modificó la Ley de Derechos de la Federación y se incluyó el cambio de zona en los tres municipios para ampliar la zona marítima con los terrenos recuperados y el cobro de un derecho que pagan los hoteleros que tienen el uso de playa al ayuntamiento.

Hoy, luego de más de dos años de haberse iniciado los trabajos, de entrar en un largo receso y de reactivarlo finalmente el año pasado, se puso en marcha el Programa Permanente de Recuperación de Playas, en el que se invirtió un millón 100 mil pesos, está a punto de iniciar por segunda ocasión este polémico proyecto, en el que se anuncia que tal solo se invertirá 500 mil pesos, debido a que se utilizará maquinaria de una dependencia gubernamental: la Sintra.

Maquinaria que consiste en un tractor y una moto conformadora, contando además con el trabajo de topógrafos y personal de apoyo de la misma dependencia, quizá para dejar los ánimos tranquilos de los hoteleros, que al igual que muchos, lanzarán la pregunta al aire: porque no se realizó de esta manera los “remozamientos” anteriores?

Quizá esa determinación sea motivada por los cuestionamientos del sector hotelero en el estado, quienes han cuestionado seriamente, la funcionalidad, costos de esos trabajos y transparencia en el manejo de los recursos.

Si bien es cierto que el gobierno del estado y el de la federación son parte de los impulsores de este importante proyecto para la costa quintanarroense, lo cierto es que también el sector hotelero está desembolsando recursos para pagar el empréstito a Banorte y Banobras, como parte de su derecho de uso, el que muchas veces por cierto, exceden.

Y, aunque los créditos son de largo plazo, y existe el riesgo de pérdida de arena ante un huracán, el compromiso del fideicomiso, del que forman parte los hoteleros quintanarroenses, es entrarle “al toro” con o sin capote. Y es que aparte de la falta de trasparencia en el uso de los recursos, parece ser que otro tema principal de este embrollo, es que no se ha dado un mantenimiento adecuado y comprometido a las costas ni un seguimiento profesional al proyecto.

Por lo pronto, quien si ha levantado la mano es Jean Agarrista Marfín, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien pidió, en nombre de sus afiliados al Gobierno del Estado, la disolución de Fideicomiso de Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre por obsoleto e inoperante.

La demanda de Agarrista Marfín consiste en sustituirlo con otro organismo más eficiente en la operatividad y, especialmente, con capacidad financiera que mantenga playas saludables en toda la costa de este destino. Contando que el que se encuentra en funciones ha demostrado en los dos años que lleva en funciones, que no ha cumplido su razón de ser, ni han mostrado interés en el tema.

Al menos los 4.2 kilómetro de playas que se recuperaron en la Riviera Maya, desde hace 24 meses que se entregó la obra por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se ha llevado a cabo ninguna acción para evitar el deslave, que ya se ha hecho evidente.

Para Agarrista Marfín el principal problema es que el fideicomiso, integrado por autoridades y representantes empresariales y autoridades, se quedó sin recursos, pero hasta ahora nadie ha admitido que el problema es por el dinero.

Dinero que se ha esfumado. Según se ha mencionado los 880 millones de pesos destinados a ese proyecto, se fueron en el proyecto, que consistió en el dragado de los arenales. Otro tema que preocupa a los hoteleros de Solidaridad es el hecho de que la CFE no haya realizado monitoreos completos de las playas, cuando se han prendido focos rojos ante la pérdida de 110 mil metros cúbicos, comprobados hasta noviembre del año pasado.

Los hoteleros de Cancún se han sumado al reclamo de los de la Riviera Maya, al exigir cuentas claras y transparentes de unos recursos millonarios que nadie supo, nadie sabe nada. Y, aunque algunas autoridades gubernamentales han admitido que, finalmente los empresarios forman parte del comité, y están en su derecho de exigir cuentas claras, también han señalado que estos deberían de “comprender” que darle mantenimiento a los arenales le ha costado al comité alrededor de ocho millones de pesos anuales, más un millón y medio para conservar el nivel de estos, recursos que se destinan a pagos a la empresa Evisa por su trabajo.

Por ello, aunque se le reconoce a Roberto Borge tomar la iniciativa de utilizar maquinaria y personal gubernamental, resulta sorprendente que, ante los cuestionamientos y altos costos de los hoteleros para el mantenimiento de este proyecto, ahora sí se recurra a este procedimiento para bajar en gran medida los costos de operación para este proyecto.

Y, mientras todos se “echan la bolita”, suben de tono las recriminaciones, logran acuerdos al respecto, se elevan las demandas y peticiones para sustituir o la disolución del actual Fideicomiso de Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, las playas y costas de Quintana Roo, amenazan desaparecer.

Quintana Roo vive del turismo y es el destino que más divisas aporta al PIB por este concepto, es decir, la recuperación y mantenimiento de sus playas es un asunto de interés nacional y no solo de los habitantes de ese estado. Se trata de un asunto de conservación de la principal actividad económica de esa entidad y una de las primeras del país. Por ello, no se entiende entonces la falta de participación, silencio y mutis de la federación ante un problema en el que los recursos desde del centro del país, deberían fluir sin cuestionamientos.